Se declaró nula e inconstitucional la Ley que habilita incinerar basura en la Ciudad

//Se declaró nula e inconstitucional la Ley que habilita incinerar basura en la Ciudad

Se declaró nula e inconstitucional la Ley que habilita incinerar basura en la Ciudad

Un poco de tranquilidad llega para los vecinos de la Comuna 8 al conocerse la noticia de la Resolución Judicial que declaró nula e inconstitucional la Ley que habilita incinerar basura en la Ciudad. La modificación de la Ley de Basura Cero establecía un cambio en las metas de disposición final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)- frente al fracaso del Gobierno de la Ciudad en las políticas de reducción- y habilitaba la incineración de basura bajo el eufemismo de “termovalorización”. Durante el tratamiento en la Legislatura de la Ciudad, el proyecto de ley fue ampliamente rechazado por diversos sectores ambientalistas, sociales y políticos. Y finalmente sancionada en mayo de 2018 con sólo 36 votos a favor de legisladores oficialistas y aliados.

El 2 de octubre de 2019, la Dra. Elena Liberatori, Jueza del Juzgado de 1° en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad N° 4, en los autos caratulados FEDERACION DE COOPERATIVAS DE RECICLADO LIMITADA Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO – AMBIENTAL, Expte. Nº EXP 12519-2018/0, declaró la NULIDAD y la INCONSTITUCIONALIDAD de la Ley N° 5.966 y exhortó al GCBA y a la Legislatura a tomar en cuenta el principio precautorio para la evaluación de proyectos o tecnologías que pudiera generar un daño al ambiente y a la salud en sentido integral.

Los FUNDAMENTOS de la sentencia fueron los siguientes:

  1. La Ley N° 5.966 ha sido sancionada SIN el procedimiento constitucional de la Doble Lectura y consecuente Audiencia Pública.
  2. Violación del Principio de congruencia. El GCBA no tuvo en cuenta los presupuestos mínimos contenidos en la Ley General del Ambiente ni las disposiciones de la Ley Nacional de Residuos Domiciliarios que autorizan en la etapa de tratamiento la valorización de residuos entendida como el reciclaje en todas sus formas física, química, mecánica o biológica, y la reutilización y no menciona ni autoriza la termovalorizaci6n de basura, no constituyendo este un método adecuado de reciclaje.
  3. La Ley N° 5.966 viola el principio de progresividad y el principio de no regresión aplicable en la protección del derecho a un ambiente sana y equilibrado, y del derecho a la salud, reconocido en la Ley N° 25.675 y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Implica una regresión normativa al autorizar la combustión de residuos e implementa un método de tratamiento de los residuos que no resulta adecuado; y una regresión en relación al paradigma de la Economía Circular adoptado por la Ley N° 1.854. Además, viola los principios de prevención y precaución.
  4. Exhorta a la Legislatura y al GCBA a tomar en cuenta las opiniones técnicas y producir los informes técnicos de impacto ambiental antes de autorizar tecnologías que como la termovalorización de residuos, que puedan implicar daños ambientales.

La Ley N° 5.966 fue aprobada el 3 de mayo de 2018 por la Legislatura de la Ciudad. Esta ley modificó la Ley N° 1.854 de Basura Cero a efectos de autorizar en la ciudad la combustión de residuos sólidos urbanos con recuperación de energía (termovalorización) con independencia del grado de reducción de la cantidad de residuos que son destinados a disposición final a los rellenos sanitarios. También modificó sin decirlo explícitamente la Ordenanza N° 39.025 “Código de Prevención de la Contaminación Ambiental” que prohíbe la instalación de incineradores por parte del GCBA.

La acción de amparo colectivo ambiental a efectos de pedir la nulidad y la inconstitucionalidad de la Ley N° 5.966 fue presentada por: la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, la Cooperativa El Ceibo, la Cooperativa de Trabajo El Álamo, la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas, la Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad, la Cooperativa del Sur, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y la Fundación Greenpeace Argentina, con el patrocinio de los Dr. Jonatan Baldiviezo y Dr. Diego Falcón del equipo de litigio del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

 

 

2019-10-08T10:32:20+00:00 08/10/2019|Categorias: Noticias|0 Comentarios

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