La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires solicitó a las prestadoras que detallen cómo es el protocolo de acción para atender, gestionar, normalizar y garantizar la prestación de energía eléctrica en los barrios populares de la Ciudad, Villa 20- 1-11-14, Villa 15 (Ciudad Oculta) Villa 31, etc. La defendería señala que dado el aumento en la cantidad de contagios de COVID-19 en el área metropolitana, la Defensoría advierte sobre el impacto que tiene la reiteración de los cortes en la población de esos conglomerados urbanos, caracterizados por condiciones de hacinamiento, falta de infraestructura y dificultades preexistentes en el acceso a los servicios públicos esenciales. Tal como se detalla en las notas enviadas a ambas empresas, la energía eléctrica está estrechamente vinculada al bienestar de las personas y sus condiciones elementales de comodidad. La interrupción frecuente de este servicio apareja innumerables perjuicios tales como la pérdida de mercadería y de la cadena de frio de alimentos o medicamentos, la falta de agua y el posterior impacto en la higiene personal y de las viviendas, y las dificultades que supone para las personas mayores, con alguna discapacidad o problemas de salud. Además, se suma la baja de la temperatura y el aumento de usuarios sin acceso a la red de gas natural que dependen de sistemas de calefacción eléctricos. En el contexto de la emergencia sanitaria, el organismo que conduce Alejandro Amor entiende que la interrupción en la prestación del servicio eléctrico y la demora en su restitución redunda en una vulneración de los derechos de los vecinos y un aumento del riesgo de contagios en los barrios informales.
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