En total son el 14,8% que corresponden a los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo integrantes de la Comuna 8, se trata de arrestos por tenencia de drogas para consumo personal en la mayoría de los casos. La información se desprende un trabajo de investigación realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En un contexto de gran aumento de estos hechos, se pude apreciar como la gran parte de los arrestos por tenencia de drogas para consumo personal aumentaron se producen en el las comunas del sur porteño, entre ellas las que tiene grandes villas y barrios vulnerables como la 4, 8 y la 1 en el sector de la villa de Retiro, que representarían más del 40 % de los casos, de la policía porteña por imputaciones que, en más del 90% de los casos, son desestimadas por la Justicia.
En el trabajo de investigación se explica cómo el Ministerio Público de la Ciudad informa que el 82% de “los delitos menores por drogas que llegan a la justicia” porteña son ingresados directamente por intervención policial, lo que para el CELS sugiere que “el aumento exponencial de las causas está relacionado de manera directa con las prácticas de la Policía de la Ciudad”.
Y señala que las acciones de la fuerza de seguridad están orientadas, a las comunas del sur donde se realizan la mayoría de las detenciones, lo que evidencia una desigualdad clara entre personas para quienes el consumo está despenalizado “de hecho”.
Las detenciones evidencian un “claro sesgo de clase”, además de apuntar mas a los consumidores que a los traficantes señala el CELS, además el centro de estudios indica que en el año 2009 la Corte Suprema de Justicia declaró que la posesión la tenencia de estupefacientes para uso privado individual es una conducta privada protegida por la Constitución y, por lo tanto, la criminalización es contraria a la Carta Magna.
Una década más tarde La ciudad adhirió a la ley de desfederalización, por lo que la persecución de los delitos de drogas de menor gravedad está en manos del Poder Judicial porteño y son los Ministerios Público, de Justicia y de Seguridad locales los encargados de definir las políticas de seguridad.
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